El debate sobre la vacunación obligatoria no es solo sanitario: es una discusión sobre la responsabilidad colectiva y los límites reales de la libertad individual. En tiempos donde la desinformación circula con la misma velocidad que un virus, conviene partir de lo esencial: las vacunas no son una opinión. Son una de las herramientas más eficaces de la salud pública, respaldadas por décadas de evidencia científica y por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En Chile, el sistema público de salud —junto a médicos/as, enfermeras/os y otros profesionales— ha construido durante décadas uno de los programas de vacunación más sólidos de la región. Gracias a ello, enfermedades que antes provocaban muerte o secuelas graves hoy están controladas o eliminadas. No es casualidad: es política pública basada en evidencia.
Los resultados son claros. A comienzos del siglo XX, la esperanza de vida apenas bordeaba los 30 años. En 1960 superaba los 57; en 1970, los 63. Para 2023, alcanzó más de 81 años. Este avance tiene múltiples causas, pero la vacunación masiva ha sido uno de sus pilares. La poliomielitis fue erradicada en Chile en 1975. El sarampión dejó de ser endémico en 1992. La mortalidad infantil, que en 1970 era de 82 por cada mil nacidos vivos, cayó drásticamente en las décadas siguientes. Estos no son relatos: son datos.
Sin embargo, han crecido discursos que cuestionan la seguridad y efectividad de las vacunas, muchas veces sostenidos en redes sociales o en estudios desacreditados, instalando la idea de que la evidencia científica es solo “una versión más”. El ejemplo más conocido es la supuesta relación entre vacunas y autismo, originada en un estudio fraudulento de 1998 del exmédico Andrew Wakefield, posteriormente retirado y refutado. Aun así, su impacto persiste.
También han surgido temores por posibles efectos adversos, especialmente tras la pandemia de COVID-19. Pero la evidencia es consistente: aunque existen efectos secundarios poco frecuentes, el riesgo de enfermar gravemente es considerablemente mayor. Todos los medicamentos eficaces presentan potenciales efectos adversos. El paracetamol puede generar daño hepático; la penicilina, reacciones alérgicas graves; el omeprazol, efectos asociados a su uso prolongado. Sin embargo, su uso no está en debate permanente, porque existe consenso en que sus beneficios superan los riesgos.
Entonces, ¿por qué con las vacunas sí?
La respuesta suele instalarse en el terreno de la libertad individual. La idea de que cada persona debería decidir si vacunarse o no. Pero en salud pública, esa lógica ignora que las decisiones individuales tienen consecuencias colectivas. Una persona no vacunada no solo asume un riesgo personal: puede transformarse en un vector de transmisión que afecta a quienes no pueden vacunarse, como lactantes, personas inmunosuprimidas o pacientes con enfermedades graves.
Por eso, el debate sobre la vacunación obligatoria no es solo técnico. Es profundamente ético. ¿Hasta dónde llega la libertad individual cuando sus efectos impactan directamente en la salud de otros?
Esto no implica desconocer que la confianza en las instituciones se ha visto tensionada en los últimos años. Pero precisamente por eso, el debate debe sostenerse en evidencia y no en desinformación. Debilitar las políticas de vacunación no es una decisión neutra. Es abrir la puerta al retorno de enfermedades ya controladas. La vacunación no es una imposición arbitraria. Es un acuerdo social basado en evidencia para proteger a la población, especialmente a los más vulnerables.
Porque en una sociedad, la libertad no se mide solo por la capacidad de elegir, sino también por la responsabilidad de no poner en riesgo a otros. Y en ese contexto, las vacunas no son solo una decisión personal. Son, inevitablemente, una responsabilidad colectiva.
Y no, amigo/a antivacuna, no pretendo cambiar su opinión. Porque esta columna no se trata de opinión. Se trata de 200 años de investigación y evidencia científica.
Chile es una mesa para todos y todas.
Francisco Muñoz Almendras.
Enfermero – Diplomado en Docencia.
Columnista Radio Mía 89.3 FM – Ciudadano.